05/11/2021/

EL FRAUDE FISCAL QUE DERIVA DE ALGUNAS ACTUACIONES, EL INCUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y DEL CONVENIO COLECTIVO, DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES O LA COMPETENCIA DESLEAL SON ALGUNOS DE LOS ASUNTOS A SOLVENTAR.

AMTAS-UPTA y la Asociación Plataforma Caracol, APC, han firmado un acuerdo de colaboración con el que sumar fuerzas para defender los derechos de los taxistas autónomos ante ciertas irregularidades, en principio conocidas y consentidas por las AAPP, que vulneran las más fundamentales normas que regulan el ejercicio de esta profesión.

En primer lugar, es necesario fijar un control horario para los trabajadores asalariados del taxi, que bajo un sistema de contratación con salarios similares al SMI y la percepción de un montante en efectivo y sin control, son obligados a colaborar en un fraude a la agencia tributaria y a la seguridad social al tiempo que son sometidos a explotación laboral por parte de los arrendadores de licencias.

Este hecho se produce por la existencia de un mercado de arrendamiento de licencias y lo que es peor, de un subarrendamiento de las mismas por parte de empresas dedicadas a esta actividad. Al trabajador asalariado se le propone un acuerdo de porcentaje de los ingresos obtenidos; una parte bajo contrato en el régimen general con una nómina similar al SMI y el resto, hasta el montante acordado, en efectivo.

La APC ya presentó alegaciones por esta situación a la ordenanza reguladora del taxi, y el Ayuntamiento de Madrid contestó que ese asunto no estaba entre sus competencias.

AMTAS-UPTA y la APC denuncian también que los asalariados del taxi son obligados a incumplir lo establecido tanto en el estatuto de los Trabajadores como en el convenio colectivo y en las ordenanzas municipales sobre los tiempos de trabajo, siendo obligados a trabajar entre 12 y 14 horas diarias o incluso hasta 21 horas en el caso de los fines de semana, con el consiguiente peligro de accidentes que afectan tanto al trabajador como a los usuarios y viandantes, incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y por supuesto el RD Ley 8/2019 que en su capítulo III, artículo 10 regula el registro de jornada.

Por lo tanto, para ambas organizaciones es necesario acometer medidas para frenar el fraude fiscal, el incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores y del convenio del taxi, la explotación laboral, la competencia desleal o el incumplimiento de las ordenanzas municipales del taxi, que se produce en determinadas ocasiones en el sector.

“El alquiler de licencias en condiciones abusivas lleva a los asalariados del taxi a tener que trabajar muchas horas diarias, y como consecuencia de ello hay muchos más taxis en activo muchas más horas, dado que, al tener que repartir los clientes entre todos, aquellos que quieren trabajar una media de horas razonable tienen que estar muchas más horas para que la actividad resulte viable. Si a esto le sumas que la mayoría de los conductores de VTC están en las mismas condiciones, la situación se agrava considerablemente” comenta el presidente de la APC, Nacho Castillo.

“Lo más descorazonador es que, habiendo presentado la APC en enero de 2021, ante Hacienda y ante Inspección de trabajo más de 800 denuncias correspondientes a otras tantas licencias y a empresas de VTC que operan de forma irregular, estas administraciones no hayan movido un solo dedo hasta la fecha” concluye César García, Secretario general de AMTAS-UPTA.

Ambas organizaciones han podido comprobar, mediante una pequeña investigación llevada a cabo, que lamentablemente este problema se produce en otras CCAA.

Declaraciones:

Nacho Castillo. Presidente APC. 679615561

César García. Secretario General. AMTAS-UPTA

Eduardo Abad. Presidente UPTA España.